Dieciocho cooperativas registran deudas con la Administración Provincial de Energía, sin contabilizar intereses, mientras existen planes de refinanciación de hasta 120 cuotas. El escenario plantea interrogantes sobre la capacidad de inversión, mantenimiento y sostenibilidad financiera del sistema eléctrico pampeano.
El sistema eléctrico cooperativo de La Pampa enfrenta una deuda superior a los $9.000 millones con la Administración Provincial de Energía (APE), sin contabilizar intereses. Según la información difundida, son 18 las cooperativas que mantienen compromisos pendientes con el organismo provincial.
Parte de esas obligaciones cuentan con esquemas de refinanciación que pueden extenderse hasta 120 cuotas, equivalentes a diez años. Durante ese período, las entidades deben afrontar simultáneamente las nuevas facturas de energía y los costos habituales vinculados con salarios, mantenimiento e inversiones en infraestructura.
La situación vuelve a poner el foco sobre el destino de los recursos que las cooperativas reciben a través del cobro del servicio eléctrico y sobre los mecanismos de fiscalización existentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con APE.
Uno de los antecedentes se registró en la Cooperativa de Servicios Públicos de 25 de Mayo (COOSPU). En 2024, su conducción denunció que parte de la deuda acumulada con APE se habría originado en “retiros indebidos de fondos” que estaban destinados al pago de energía. La entidad también denunció irregularidades administrativas y contables.
Ese antecedente no implica que la misma situación se haya producido en el resto de las cooperativas endeudadas. Sin embargo, la magnitud de los compromisos acumulados vuelve relevante el seguimiento de los balances, las cuentas y los mecanismos de control sobre los fondos administrados por las entidades.
El nivel de endeudamiento representa además un desafío para la capacidad financiera de las cooperativas, que deben sostener el funcionamiento cotidiano del servicio y las inversiones necesarias para conservar y renovar las redes eléctricas mientras regularizan sus obligaciones pendientes.
En este escenario, el funcionamiento de los mecanismos de supervisión de APE y de los organismos provinciales competentes adquiere especial relevancia para determinar el origen de las deudas, controlar el destino de los recursos y preservar la sostenibilidad del sistema eléctrico pampeano.







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