La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional incorpora sanciones más severas para quienes exploten recursos o desarrollen actividades vinculadas a Malvinas sin autorización argentina. La iniciativa contempla multas, inhabilitaciones y penas de prisión, con el objetivo de aumentar las consecuencias económicas y legales para quienes vulneren la soberanía nacional.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviada al Congreso propone endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos sin autorización argentina. El nuevo esquema amplía el alcance del régimen actual, centrado principalmente en los hidrocarburos, para incluir recursos renovables y no renovables, entre ellos la pesca.

Uno de los cambios centrales está en las multas. El proyecto establece sanciones equivalentes al valor de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de habilitaciones y la posibilidad de aplicar inhabilitaciones de entre cinco y 20 años. Estas últimas pueden impedir que los sancionados desarrollen actividades económicas en la Argentina o contraten con organismos públicos.

La iniciativa también incorpora consecuencias penales. Prevé entre 12 y 20 años de prisión para determinadas actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables y penas de entre 15 y 20 años para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos realizados sin autorización argentina en las áreas alcanzadas por la norma.

El alcance no se limita a las compañías que realizan directamente la explotación. También pueden quedar comprendidos accionistas, controlantes y quienes aporten servicios financieros, logísticos, técnicos o de consultoría considerados esenciales para concretar las operaciones. Para las personas jurídicas, el proyecto contempla además restricciones para contratar con el Estado o desarrollar actividades por períodos que pueden alcanzar los 30 años.

Con este esquema, el Gobierno busca aumentar las consecuencias económicas y legales de participar en actividades que la Argentina considera contrarias a sus derechos soberanos. La iniciativa combina sanciones sobre las operaciones en Malvinas con restricciones para desarrollar posteriormente negocios dentro del país y, al tratarse de un proyecto enviado al Congreso, sus disposiciones deberán ser aprobadas para entrar en vigencia.