El vocero presidencial destacó la entrada en vigencia del nuevo régimen, que establece que los jóvenes de entre 14 y 18 años que cometan delitos deberán responder ante un sistema judicial especializado. La ley fija penas de hasta 15 años para los casos más graves, incorpora alternativas para delitos menores y prevé educación, formación laboral y seguimiento profesional para los adolescentes privados de su libertad.

El vocero presidencial Adrián Ravier defendió la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y cuestionó la suspensión cautelar de su aplicación en la provincia de Buenos Aires. La Ley 27.801 entró en vigencia el 5 de septiembre y reemplazó el régimen anterior, vigente desde 1980.

La reforma establece la responsabilidad penal desde los 14 años y dispone que los adolescentes alcanzados sean juzgados mediante un sistema especializado. Al presentar los principales puntos de la norma, Ravier remarcó que el esquema prohíbe la prisión perpetua para menores y establece un máximo de 15 años de privación de la libertad.

Para los delitos de menor gravedad se contemplan penas alternativas, mientras que los adolescentes que deban permanecer privados de su libertad tendrán que hacerlo en instituciones especializadas que brinden educación, formación laboral y seguimiento profesional. La normativa también incorpora la responsabilidad civil de padres o tutores por los daños ocasionados por los delitos de sus hijos.

Ravier también se refirió a la decisión de la Justicia bonaerense de suspender cautelarmente la aplicación del régimen en la provincia. “Lamentamos profundamente la decisión de la Justicia bonaerense”, sostuvo el vocero, quien afirmó que la medida posterga una herramienta que el Gobierno considera necesaria frente al delito juvenil.

Desde el Ejecutivo señalaron que buscarán que la provincia de Buenos Aires se incorpore plenamente al nuevo esquema. La reglamentación nacional, publicada mediante el Decreto 875/2026, designó además al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y estableció mecanismos de coordinación con las distintas jurisdicciones.