La administración nacional derogó el fondo que financiaba la gratuidad en transporte para personas con discapacidad e infantes diagnosticados con cáncer. La medida fue formalizada mediante resolución oficial, aunque el derecho a viajar sin costo continúa siendo válido y exigible según la normativa vigente.

Desde el sector oficial argumentaron que «la continuidad de las compensaciones previstas en las resoluciones previas carece de sustento presupuestario y legal». Con esta decisión, se busca redefinir el esquema de financiamiento que hasta ahora permitía cubrir estos beneficios de movilidad.

El Gobierno sostiene que el derecho fundamental a la gratuidad en el transporte público para estos grupos vulnerables se mantiene en pie. Sin embargo, los mecanismos para garantizar su cobertura experimentarán cambios en los próximos meses. Las autoridades indicaron que se evaluarán alternativas para preservar la asistencia sin los recursos destinados previamente.

Organizaciones que representan a personas con discapacidad expresaron inquietud respecto a cómo se implementará esta transición. Señalaron que cualquier cambio en los fondos podría afectar el acceso real a este derecho garantizado en distintas leyes nacionales.

El derecho a la movilidad gratuita para estas poblaciones se encuentra amparado en legislación específica que reconoce su carácter de colectivo vulnerable. Desde hace años, este beneficio ha sido considerado esencial para garantizar inclusión social e igualdad de oportunidades.

Las autoridades aclararon que la derogación del fondo no implica la cancelación automática del beneficio. Por el contrario, afirmaron que busca optimizar recursos y establecer nuevos parámetros de asignación que resulten más sostenibles en el tiempo.

Se espera que en los próximos días el Gobierno comunique detalles sobre cómo se canalizará el financiamiento alternativo para mantener vigente este derecho.

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