La AFA concretó su traslado a la Provincia con respaldo del Gobierno bonaerense aun cuando la IGJ había pedido designar veedores y ampliar la documentación por presuntas irregularidades financieras.

El gobierno de Axel Kicillof dio luz verde al traslado del domicilio legal de la Asociación del Fútbol Argentino hacia territorio bonaerense, en medio del conflicto abierto con la Inspección General de Justicia (IGJ). La aprobación fue emitida por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas poco después de que el organismo nacional notificara a la entidad por presuntas anomalías administrativas y solicitara la intervención de veedores.

La medida implica que la AFA quede bajo fiscalización exclusiva de la Provincia, desplazando la órbita porteña que ejercía la IGJ. En el texto oficial, la administración bonaerense sostiene que, tras la inscripción registral realizada en 2024, el organismo nacional ya no tendría facultades sobre la entidad, una postura que tensiona el esquema tradicional de control societario.

El movimiento adquiere relevancia política porque el titular de la AFA, Claudio Tapia, también ocupa un cargo en el CEAMSE designado por el propio gobernador. En ese contexto, sectores críticos interpretan el cambio de jurisdicción como una maniobra que podría atenuar el impacto de los reclamos administrativos y judiciales en curso.