La funcionaria sostuvo que el arresto del dictador venezolano tiene un impacto regional y marca un punto de inflexión en el combate contra el crimen organizado transnacional. “La detención de Maduro marca un antes y un después, no solo para Venezuela, sino para toda la región, porque nadie escapa al crimen organizado ni a la transnacionalización del delito, y toda la región está afectada”, afirmó.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que la detención en Estados Unidos de Nicolás Maduro marca “un antes y un después” en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región, y confirmó que la Argentina reforzó todas sus fronteras tras los acontecimientos ocurridos en Venezuela. En declaraciones a La Nación+, sostuvo que el impacto del arresto trasciende al país caribeño y expone el alcance del crimen organizado transnacional en América Latina.

Monteoliva calificó el operativo como “sin precedentes” y consideró que el nuevo escenario podría abrir el camino hacia un proceso de transición democrática en Venezuela. En ese sentido, afirmó que este punto de inflexión permitiría avanzar contra estructuras criminales que operan desde hace años, como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, redes señaladas por su influencia en el narcotráfico y otros delitos graves en la región.

La ministra destacó además el respaldo del Gobierno argentino y subrayó que el refuerzo de los controles fronterizos responde a una decisión política estratégica del presidente Javier Milei. Según afirmó, todas las áreas del Ejecutivo trabajan de manera coordinada con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional y anticiparse a eventuales derivaciones regionales del conflicto.

En ese marco, detalló que se intensificaron los controles en fronteras terrestres y aeropuertos, con mayor presencia de fuerzas federales y patrullajes de Gendarmería. También reveló que el Ministerio de Seguridad viene trabajando sobre listas de personas vinculadas al régimen venezolano, involucradas en delitos de extrema gravedad, para impedir su ingreso al país como parte de una estrategia integral de prevención frente al avance del crimen organizado.