Según informó Clarín, la medida impulsada por Walter Vuoto fue aprobada sin pasar por comisiones en la última sesión del año. Establece un recargo obligatorio a los contribuyentes para crear un fondo que costee funerales, incluso para quienes ya tienen cobertura privada, lo que despertó fuertes críticas de la oposición.

Una nueva controversia tributaria se encendió en la ciudad de Ushuaia luego de que el intendente perteneciente a La Cámpora, Walter Vuoto, lograra aprobar la creación de un nuevo gravamen municipal destinado a financiar servicios fúnebres. La medida, denominada «Programa Municipal de Sepelio Solidario», fue sancionada el jueves pasado en la última sesión del año del Concejo Deliberante, tras un tratamiento exprés que esquivó el debate en comisiones y generó fuertes cruces con la oposición.

El núcleo de la ordenanza establece la aplicación de un recargo del 10 por ciento sobre la Tasa General de Servicios que abonan los contribuyentes. Con estos recursos, el municipio busca constituir un fondo para costear los gastos de traslado, velatorio e inhumación de los residentes. Sin embargo, un artículo particular del proyecto despertó suspicacias: la norma dispone que, si la familia del fallecido ya cuenta con una cobertura privada o una obra social que cubra el sepelio, el Estado municipal le reintegrará el dinero equivalente al costo del servicio, una disposición inusual que implica el giro de fondos públicos a particulares que ya tienen el gasto cubierto.

La iniciativa fue aprobada con los votos del oficialismo y aliados, pero recibió un duro rechazo de los bloques opositores, quienes denunciaron la falta de transparencia en la administración de esta nueva «caja». La concejal Daiana Freiberger advirtió sobre la incertidumbre que genera la medida: «Estamos hablando de un supuesto seguro de sepelio del que no sabemos cómo se financia ni quién lo paga. Eso no puede resolverse a las apuradas», señaló, cuestionando que no se haya especificado qué empresa prestará el servicio ni bajo qué condiciones de contratación.

El malestar trascendió el ámbito legislativo y llegó al sector privado. Desde la Cámara Metropolitana de Empresas de Sepelios (Camese), calificaron al nuevo impuesto de «inconstitucional» y «compulsivo». Eduardo Malvé, vocero de la entidad, criticó duramente la intervención estatal en una actividad de libre elección: «No hay en Argentina un sistema que imponga un servicio universal financiado con una tasa compulsiva. Otra vez es el Estado recaudando de los contribuyentes para entregárselo a un privado sin control», sentenció, trazando un paralelismo con otras polémicas por el manejo de seguros en el ámbito público.